Se pensó que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Graham, haría cambios en el equipo económico, Oficinas y Direcciones Generales, para aplicar una política económica que cumpla con las metas macroeconómicas, y genere un crecimiento mínimo del 5% en su PBI (producto bruto interno).

Se dijo que se iban a reducir los gastos innecesarios, y promover el crecimiento de las inversiones, y que el crecimiento vendría impulsado principalmente por la inversión pública, pero la política económica con “austeridad fiscal” en el presupuesto público con un gasto corriente irracional no ha allanado el camino para incrementar la inversión privada (80% de la inversión total).   

En el MEF dijeron que la inversión pública tendría efecto multiplicador en las regiones y sectores como la agricultura, sin embargo, tienen problemas con las empresas constructoras de infraestructura y muchas construcciones están paralizadas o en problema de ejecución.

Las carreteras, los servicios de agua y saneamiento, centros de salud son inversiones por ejecutar. Se deben corregir errores en el diseño de obras, ejecución y gestión. Las contingencias jurídicas se solucionan con arbitrajes, hay contratos de obra donde se deniega un adicional de obra, ampliación de plazo para ejecución de la obra, aprobación del informe del contratista para su pago, deducción de obra, y no hay acuerdo al monto de los gastos generales.

El tiempo promedio para elaborar los documentos técnicos y convocar a la ejecución de una obra tarda más de un año, porque los estudios son mal hechos, son observados o reformulados. Con el proceso de licitación, el periodo termina siendo de dos años para el inicio de las ejecuciones de las obras. Y en la ejecución de las obras hay deficiencias por los estudios mal reformulados, lo que origina retrasos.

Hay aproximadamente 2,037 proyectos sin ejecutar y 633 abandonados, el 40% de las obras en ejecución están con deficiencias técnicas e incumplimiento contractual paradas en arbitrajes y con procesos judiciales que se perderán o se pagara adicionales de obra, subiendo su costo.

No se ha reestructurado el Presupuesto de la República año 2022, ni eliminando los gastos improductivos, ni se conoce en que se gastan los recursos de los contribuyentes que lo financian con sus tributos.

Como decía el economista francés Claude Bastiat, “la gente empieza a darse cuenta de que el aparato del gobierno es costoso. Lo que aún no ven es que el peso cae sobre ellos”.

Lo más preocupante es que los precios de marzo han subido muy abruptamente afectando el poder adquisitivo de los consumidores, lo que ocasionará una menor demanda de bienes y servicios que afectará a la pequeña y mediana empresa e inversión que tendrá un impacto negativo en el PBI. Un nuevo concepto parece que puede tocar nuestra situación económica actual es la estanflación. Ello ha sido advertido por Carmen Reinhart, vicepresidenta y economista en jefe del Banco Mundial quien dice que Perú está en el grupo de países del mundo que está en riesgo de llegar en el mediano plazo a tener estanflación que tiene 3 aspectos, crecimiento bajo del PBI, inflación en alza, y desempleo.

Veamos los precios: el 28 de julio de 2021 el precio del balón de gas era S/. 35 el 28 de marzo 2022 cuesta S/. 65; 1 kilo de pollo costaba S/. 6.50 ahora S/. 11.00; el litro de aceite costaba S/. 7.00 ahora S/. 13.90; galón de gasolina costaba S/. 17.00 ahora cuesta 22.00; kilo de azúcar S/. 2.20 ahora S/. 4.30. Hay que reconocer que tenemos una inflación que se viene incrementando y la caída del poder adquisitivo de la moneda por la devaluación es muy seria. Se proyecta que la inflación será el 2022 del 5% anual.

Como hemos afirmado innumerables veces, al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN se le tiene de adorno, no dirige el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, lo hace el MEF que no cierra las brechas en salud, educación, servicios de agua y saneamiento, porque no se han establecido, en realidad, las prioridades. 

El 85% de las MYPES es informal y son más de 3 millones. La informalidad afecta al 75% de la Población Económicamente Activa (PEA), y son 12.1 millones de trabajadores del país. No se combate la subvaluación, el contrabando y la piratería.    

No existe un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Concertado Descentralizado con programas y proyectos, gastos racionales redistribuidos con acciones, y metas mensurables para promover un crecimiento del PBI.

Falta aplicar una verdadera economía social de mercado, que oriente el desarrollo, y promueva la competencia justa, con un empleo de calidad bien remunerado. Alrededor de 16 millones de personas –de los 32.6 millones de peruanos– se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza, según reporta el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

El equipo económico, debe decir que hará para incrementar la inversión privada y lograr un crecimiento del 5.0%, y no 2.5% como se espera el 2022, para generar empleo y bienestar social.

El MEF se sigue manejado dando preferencia a la gestión financiera y austeridad, aplicando una política de cajeros del tesoro público y de baja inflación, dejando de lado el bienestar de la ciudadanía. Carecemos de planificación estratégica, prevención y visión de futuro.

El crecimiento económico es el objetivo de un país pobre y con presión demográfica del 1.5% como el Perú con una proyección de 32.625.948 personas al 2022. Cada año ingresan al mercado laboral 300,000 jóvenes, y de ellos y los demás hay que ocuparnos. Preocuparnos no basta.  

* Economista