Ahora que se habla de restablecer el Senado, convendría recordar lo que ha sido demasiado frecuente en nuestro poder legislativo: los escándalos, y en algunas ocasiones, los pugilatos. Las imágenes que se observan provienen de esa época, pero también de un pasado no muy lejano. Durante la toma de mando del actual presidente, Ollanta Humala, hubo un reclamo airado de la bancada fujimorista, cuando el mandatario juró por “el espíritu y valores de la Constitución del 79”. Otro incidente ocurrió en 1988, cuando a Rómulo León se le acusó de tener cuentas en el extranjero ( también se le acusó de favorecerse a través de contratos pesqueros con la entonces Unión Soviética y Cuba), lo que ocasionó un pugilato con Fernando Olivera. León es juzgado ahora por el caso Petro audios. En esa escena se puede apreciar tratando de separar a los contendores, a los congresistas Gustavo Espinoza Montesinos, a la derecha, (cabello corto y lentes gruesos) y Guillermo Herrera Montesinos a su izquierda (cabello largo, barba y anteojos), conspicuos representantes de la izquierda, y primos del encarcelado ex asesor Vladimiro Montesinos - quién también trabajó para la dictadura velasquista -, además de Rolando Breña, actual dirigente de Patria Roja (delgado, con cabello negro, bigote y anteojos). En el año 1998 hubo un conato de pelea entre Javier Diez-Canseco y Daniel Espichán. Otro incidente lamentable fue el del congresista Luis Cáceres, en el año 2000. En el año 2006 Elsa Malpartida y Nancy Obregón atacaron a un miembro de seguridad del Congreso. También destaca el episodio ocurrido entre Luis Wilson y Víctor García Belaúnde. Y aparte de lo sucedido en los 90 (el fujimorismo no inventó la corrupción, la sofisticó) no olvidemos el caso Guvarte y el de la Compañía Peruana de Vapores. Y muy recientemente, el del caso del oficialista Condori, que linda entre lo anti ético y el fraude. Aparte de estos incidentes, el Congreso (el de ayer, con dos cámaras, y el de hoy) aprueba leyes en cantidades industriales, la mayoría de las veces generando un “desorden” jurídico, sin un análisis costo – beneficio, lo que ocasiona una importante erogación de egresos, que a la luz de los resultados, se perciben como excesivos para un “servicio” de calidad tan pobre. Si se pretende restablecer una cámara con estas características, en vez de apostar de una vez por una reforma política completa que contemple varios aspectos como un sistema de representación remozado o una verdadera renovación de las dirigencias partidarias, entre otros, nosotros, como se dice, pasamos.