Los homicidios cometidos por hampones en distritos mesocráticos de Lima (el asalto a una notaría y el asesinato del colega Luis Choy del diario El Comercio) han devuelto el tema de la inseguridad ciudadana a las primeras planas.

 

Desde las fiestas de fin de año en diciembre pasado hasta estos últimos días de febrero, la agenda política ha estado centrada en el proceso de revocación en Lima, salvo que uno u otro tema, como los ataques verbales del Presidente, la "ley Nadine" o el aumento de sueldo de los congresistas; en verdad, aspectos adjetivos y poco relevantes para la vida de los peruanos. Todo ello le ha permitido al Gobierno gozar de una suerte de vacaciones veraniegas pagadas, una alta aprobación de la pareja presidencial y cierta estabilidad al gabinete.

 

Pero nada se puede hacer contra la primacía de la realidad. Y esta dicta que hoy en día el crimen y la inseguridad ciudadana son, de lejos, el principal problema del país. Y también dicta que, de lejos, los resultados que hasta hoy puede mostrar el Gobierno en este terreno equivalen a cero; y que tras la parafernalia inicial (con Humala sentado frente a congresistas, fiscales, jueces y policías, en el flamante Consejo de Seguridad Ciudadana, cuadrando gente, y dando órdenes tipo cachaco de cuartel) la inseguridad empeora día a día.

 

Consciente de que se le acabó el descanso veraniego, el Presidente ha empezado a enumerar las acciones tomadas hasta el momento en materia de aumento de sueldos a policías, equipamiento, creación de nuevas dependencias. OK. Habría que decir que si todo ello no es parte de una estrategia integral, multisectorial y no cuenta con los operadores y gerentes adecuados será un nuevo saludo a la bandera.

 

Dos reflexiones. Este no es un tema de Gobierno sino de Estado. Se trata, a mi juicio (como es el caso de la educación, la salud, la justicia y la infraestructura) de un problema que trasciende a esta administración y que debería suponer el compromiso de toda la clase política, del sector empresarial, de las entidades de la sociedad civil y hasta la academia por darle un enfoque común y al menos lineamientos de acción similares. Interponer ideologías o apetitos personales nos lleva a la catástrofe y a replicar experiencias como la mexicana y la peor etapa de Colombia. No podría entender sino como los partidos logran acuerdos para defender o revocar a una alcaldesa y no para ponerse al servicio del país.

 

Asimismo, la primera tarea que tendríamos que acometer como nación, es acabar con esta extendida percepción de impunidad ante el incumplimiento de la ley. Violar la ley hoy en el Perú (bloquear carreteras, agredir policías, pasar la luz roja, y un innumerable cantidad de etcéteras) es lo común y a la gente no le trae ninguna consecuencia. Empecemos por esto último, que es lo básico; de lo contrario, ni más plata, ni más policías ni más estrategias podrán con el crecimiento extendido de que vivir en contra de la ley también es parte de nuestra marca país.