La extradición de Alejandro Toledo, el jefe de Estado que gobernó entre los años 2001 y 2006, se suma a la lista de exmandatarios acusados por corrupción. Los delitos que se imputan están por iniciar un proceso de larga espera en comparación con Brasil o Ecuador; llevamos siete años sin una sentencia firme.

La Constitución establece las reglas de juego durante el mandato presidencial, pero el patrimonio democrático se forja gracias a las personas que ocuparon la jefatura de Estado en los últimos veinte o veinticinco años de alternancia en el poder. A diferencia de Chile, que no culmina la pesadilla del proceso constituyente, los expresidentes Frei, Lagos, Bachelet y Piñera aportaron sus puntos de vista en medio de las posturas ideológicas más radicales provenientes de la fallida Convención.

Los expresidentes son los referentes de la clase política. En el Perú, bajo la Constitución de 1979, estuvo previsto nombrarlos senadores vitalicios con todas sus prerrogativas. El triste panorama que vivimos no es culpa de la Constitución de 1993, ni de sus instituciones políticas o fallas en la forma de gobierno. Es producto del “cuello de botella” o “mecanismo” que existe en paralelo para bloquear cualquier intento de cambio y mejora en cada proceso electoral. Es la acción coordinada y perversa para decidir quién debe ganar e impedir que sus rivales de campaña los desplacen.

Se trata de empapelarlos, ridiculizarlos y tergiversar cualquier declaración pública. La consigna es impedir que ingrese cualquier candidato externo al “sistema” por la convicción de hacer lo correcto desde el gobierno.

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