Conocidas las revelaciones del empresario Zamir Villaverde, en el sentido de que, el presidente Pedro Castillo y su grupo conspiraron para impedir la victoria de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, lo primero que se nos viene a la mente es escepticismo.

Todas las semanas se dan a conocer declaraciones graves, comprometedoras y pecaminosas que, según sus protagonistas, alcanzan al errático y mediocre mandatario.

Sin embargo, hasta ahora no se percibe un alcance demoledor de las mismas (salvo de aquellos que impulsan estas afirmaciones).

Y los mismo puede decirse de los grados de él, su esposa, de la ministra Betssy Chávez. Hay, pues, de cierto sector, una desesperación política por desembarcar al presidente en ejercicio, iniciativa que cuenta con la simpatía de muchos, pero que hasta ahora no funciona, sea no solo por cálculo político, sino por falta de contundencia de las acusaciones.

Como era de esperarse también, el gobierno acaba de sufrir una derrota política más que previsible: el proyecto de Asamblea constituyente quedó archivado, y no es viable. Así de simple. Al régimen le queda la calle, pero si alguna vez las encuestas dicen la verdad, ahí tampoco las tiene todas consigo.

Lo dijimos antes, lo decimos ahora. La Constitución (especialmente en el capítulo político) necesita cambios, pero no de esta forma. Además, el régimen presenta una atomización parlamentaria, algo usual frente a un ejecutivo tan débil, mediocre y cuestionado. El tiempo dirá si es una maniobra para enfrentar elecciones municipales y regionales en mejores términos, insalvables diferencias ideológicas o acomodos. O las tres al mismo tiempo.

La táctica de ciertos grupos de poder -en el que se incluye a la prensa y sectores que apoyaron al gobierno- parece ser la estrategia de erosión, de sumar escándalo tras escándalo: vacunas, nombramientos, denuncias.

La interrogante es si esta táctica les dará resultado, sea en el Congreso o en la calle. Con los votos o con las marchas forzar una salida o renuncia, la cual tendrá que ser una salida constitucional, y un gobierno interino que no puede ser manejado por un integrante de una barra brava.

Se espera que, en este escenario, Tribunal Constitucional, con sus nuevos miembros, tenga un rol central en resguardar esa constitucionalidad, aun cuando se extienden las opiniones favorables a una revisión profunda del procedimiento de postulación y elección de los candidatos.

En el camino, no abrigamos ninguna esperanza en la Fiscalía, dirigida por Pablo Sánchez Velarde (por sus antecedentes) para avanzar con las investigaciones más importantes, y que el Poder Judicial actúe en consonancia con esa probidad y celeridad.

Estamos pues ante un Castillo de erosión, y francamente, más allá de declaraciones en horario estelar o primeras planas, no vislumbramos nada en el horizonte, excepto el hartazgo de la gente, y el agravamiento de nuestra gestión pública, que nunca se distinguió por su probidad y honestidad, por cierto.