Transcurridos 100 días del gobierno de Pedro Castillo, se puede afirmar que es un gobierno donde prima - por lo menos hasta ahora - más el caos que el extremismo, más las palabras que los hechos, más las intenciones que los resultados. Y este caos acaba de afectar, aún más, al sector Defensa, con el cambio intempestivo de comandantes generales, y también con el al parecer inminente cambio del propio ministro de Defensa, Walter Ayala.

En este sector, tendría que explicarse, con detalle, no solo el sorprendente cambio de los comandantes generales, y también si hubo presiones o no para favorecer a un oficial afín a un personaje de gobierno, como lo han denunciado algunos oficiales, la cual constituye una denuncia sumamente grave, que puede desembocar en un plazo no determinado, en la salida no solo del ministro, sino del propio presidente, sea por destitución o renuncia, y con eso tendrá que lidiar el gobierno. Cabe recordar que no es la primera vez que estos nombramientos son cuestionados, y en lo que se refiere a la norma que dispone el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad, sería importante que el polémico ministro Ayala, o quizás el próximo, lo precise en el Congreso, y explicar que no significa la “militarización” de la seguridad, una amenaza para los derechos humanos, ni mucho menos un aprovechamiento político.

Cabe recordar que esta medida fue solicitada por muchos sectores ante la incapacidad de la policía de detenerla. Y por supuesto, también tienen que solucionarse los conflictos sociales al interior del país, y atender a los reclamos de sectores como los transportistas, lo cual demandará muchos esfuerzos por su poca capacidad de gestión, y por su limitado equipo de trabajo. 

Recordemos que la votación estrecha obtenida en el Congreso por la Dra. Mirtha Vásquez, quien sustituyó tardía, aunque convenientemente al impresentable Guido Bellido, estuvo en riesgo por, justamente, declaraciones del presidente sobre una inviable estatización o nacionalización del proyecto de Camisea. Esto, justo en momentos donde el propio gobierno negocia con la empresa. Si el presidente lo hizo por unos puntos en las encuestas, para limar asperezas con su sector extremista o por desconocimiento de los términos, no interesa. Simplemente, no deberían mencionarse, porque, para empezar, al final no se materializan en ningún proyecto de ley o en una acción concreta.

En realidad, los empresarios pueden recibir con desagrado este tipo de afirmaciones (las mismas que tanto se le reprocharon a Bellido), pero afortunadamente ven otros elementos, la ratificación de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva, la solicitud de permanencia en la OCDE, la presencia de Óscar Maúrtua el mInisterio de Relaciones Exteriores,la actuación esforzada de Pedro Francke al frente del MEF, y de, por ejemplo, Roberto Sánchez al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Pero este trabajo no debería verse empañado por estas frases altisonantes, que al final terminan siendo inviables, y que solo crispan el ambiente. O como cuando el presidente tilda a algunos empresarios de poco menos que elitistas. ¿No dudamos que esta realidad exista, pero no sería mejor que hable su ministro, e informe sobre, por ejemplo, logros para ese sector en construcción de infraestructura, créditos, mercados, transferencia de tecnología para sacar a la agricultura familiar de la postración en la que se encuentra?

Tal vez el presidente debería dejar a sus ministros comuinicar, o quizás a un vocero especial, para transmitir los mensajes que él no puede emitir con claridad.

Pero la semántica, la narrativa y la comunicación no son los únicos problemas del ejecutivo. Si el régimen quiere obtener algún activo, tendría que alejarse definitivamente del extremismo presente en su seno, y buscar otros aliados. No lo puede hacer dando cuotas de poder a todos sus ex socios de campaña, especialmente si estos probadamente no aportan. La mayoría de los problemas se originan por pésimas designaciones.

El ministro Francke presenta un proyecto de ley de Reforma Tributaria, en un momento donde la presidenta del Consejo de ministros, la correcta y dialogante Mirtha Vásquez, no tiene el voto de confianza. Una iniciativa polémica, donde una vez más, se percibe una intención a sobre gravar a los que ya tributan, no de ampliar la base tributaria y combatir la monumental informalidad, que es transversal a toda nuestra economía y también a nuestra sociedad.

Como es sabido, de nada nos servirá duplicar, triplicar, o quintuplicar nuestros ingresos, si éstos no se emplean con honestidad y eficiencia, lo cual constituye una tarea titánica. Aún siendo de izquierda, el régimen podría promover inversión privada, recaudar correctamente e invertir mejor, y emplear esos recursos en acortar las brechas sociales aún existentes, o como lo llamaría la Iglesia Católica, adoptar “la opción por los más pobres”.

En suma, el débil e ineficiente gobierno de Pedro Castillo, a partir de la designación de Mirtha Vásquez, tiene una gran oportunidad de acabar con esta centena de problemas, empezando por el delicado problema suscitado en el ministerio de Defensa y que el presidente aclare su participación-si la tuvo-en este delicado episodio, darle al país un mínimo de estabilidad política y económica, sin claudicar a sus promesas. Todo esto, por supuesto, dentro de los parámetros del estado de derecho y la economía de mercado. El país no está para experimentos políticos, sociales ni económicos. Demanda trabajo, y mucha tranquilidad.