El gobierno constitucional e improvisado enfrenta una severa crisis, más que política, económica y de seguridad. Por un lado, se topó - no vamos a discutir ya la real participación de la señora Boluarte - con una crisis generada, como suele suceder por gobiernos anteriores. Pero eso no tiene importancia. Las autoridades elegidas no pueden transferir sus pasivos siempre a otros. Su deber y su mandato es solucionar los problemas o aliviar la crisis.

Mientras que el gobierno lo niega en siete idiomas, las cifras y la realidad muestran que estamos viviendo una recesión que, si bien es cierto, este gobierno no generó, sí tiene la obligación de combatirla con eficacia.

El plan del presidente Nayib Bukele contra la delincuencia en El Salvador forma parte del debate para su implementación en nuestro país. Su drástica reducción hace comprensible su discusión atendiendo a un razonamiento pragmático: (1) Funciona y punto. (2) Debe implementarse. 

Volvimos en diciembre, antes del año nuevo, a una ochentera discoteca del Centro de Lima, y la verdad la primera sensación que tuvimos es de entera libertad. Y es que ver nuestras calles, aún desordenadas y sucias, pero libres de delincuentes y vándalos, y de algunos manifestantes siempre es agradable. 

Recientemente, se publicó un ranking donde figuraban, supuestamente, los mejores vocalistas del rock, y como es de esperar, ni son todos los que están, ni están todos los que son.

Finalmente, el MEF redujo de 2,5% a 1,1% su proyección de crecimiento económico del PBI para este año lo que constituye un indicador “insuficiente” para reducir la pobreza y generar más empleos.

Nuestro país se encuentra en un momento delicado. Por un lado, sufrimos los embates de una previsible recesión, generada por todos los merecimientos que hemos realizado para padecerla y, por otro lado, estamos hastiados de escuchar y conocer una “recata fila” de denuncias, escándalos y renuncias que no tienen cuando acabar. Además de la inseguridad ciudadana que nos ataca a nivel nacional.