Juan José Blossiers: En política criminal deben ser prioridades el narcotráfico y la criminalidad de cuello blanco

Mientras que el Mundial llega a su fin, pasan desapercibidos muchos temas graves, y esencialmente el de la inseguridad y corrupción.

Para Juan José Blossiers, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien ha sido Fiscal Anticorrupción para los casos de la Caja Policial Militar en los que se encontraban procesados Vladimiro Montesinos, Alberto Venero y 26 Oficiales de la Marina, el Ejército y la FAP, también en el tráfico de armas a Bielorrusia en el que el inculpado principal era el ex general Nicolás de Bari Hermoza, el problema de la inseguridad y el la justicia poseen vasos comunicantes que comienzan por una mala tipificación del delito.

El entrevistado, autor de 8 libros de derecho y catedrático de esa especialidad, ha laborado también en el Tribunal Constitucional del Perú y en el Banco Central de Reserva del Perú, hace una radiografía que revela la situación dramática de estos sectores en nuestro país.

Ddlc: ¿Cuál o cuáles son las recomendaciones de política criminal actuales, en cuanto a la prevención del delito?

JJB: Pienso que debe existir una coordinación real entre el Ministerio del Interior, la ciudadanía, el vecindario organizado con una política que venga desde un liderazgo claro y directo por parte del Sector Interior. Un ejemplo de ello es que más de la mitad de los ciudadanos no conoce ni siquiera quiénes integran el gabinete Villanueva, producto precisamente de esta situación. Los diagnósticos están, las gavetas de las bibliotecas están llenas de diagnósticos y planes, lo que falta es que alguien ejerza realmente el liderazgo y pasemos a la acción.

Es importante también integrar a los municipios distritales ya que en el Perú, aunque parezca mentira, tenemos más municipalidades que en Brasil o en México. Se debe pensar en un plan de emergencia para la señora a la que le roban el celular o el “cogotero” que arrebata la cartera y los efectos personales del ciudadano, que va en escalada ya que estamos observando que con completa impunidad ingresan a robar en una joyería con “comba en mano” demostrando el desdén por el principio de autoridad y la debilidad de la seguridad pública y privada.

La política criminal debe ser comunicada de manera que el ciudadano sepa cuáles son los lineamientos principales y no parezca un barco a la deriva, siguiendo la agenda que nos dictan los noticieros y los titulares de los diarios. Debe establecerse prioridades en cuanto a una política criminal sobre dos graves problemas: los carteles de la droga para no convertirnos en un narco país y la criminalidad organizada de cuello blanco en delitos de corrupción de funcionarios, incluyendo los delitos de lavado de activos que amenazan al Estado ya que son producto del negocio de la droga y el delito de minería ilegal, la trata de personas y los delitos contra el medio ambiente.

Ddlc: ¿Por qué le cuesta tanto al juez penal peruano imputar al culpable de violencia contra la mujer, el delito de feminicidio, y más bien, terminan inculpándolo por otros tipos penales como el homicidio?

JJB: Existen varias razones. En primer lugar, por una pésima preparación de los jueces y fiscales que no tienen clara la teoría penal básica del delito, sino que adicionalmente no se actualizan. Esto se relaciona también con un problema de presupuesto y de política criminal del Estado, ya que a la fiscalía y al poder judicial no se le asignan los recursos suficientes a través del Presupuesto General de la Republica que es donde el gobernante señala qué considera importante para la sociedad.

Otro tema tiene que ver con lo siguiente; para que funcione el control social de manera formal, es decir que se acepten y se respeten las normas de convivencia dirigiendo satisfactoriamente los procesos de socialización y convivencia, es importante revisar la formación y educación patriarcal, machista de la familia, de las normas sociales, de la educación, de los medios de comunicación, de la publicidad para que de esta forma el ciudadano común respete el control social formal, en este caso las normas emanadas del derecho penal.

Adicionalmente, hay gran cantidad de casos por juzgado penal o fiscalía penal, sumado al turno judicial en donde tienen una avalancha de casos, a lo que hay que agregar la mala preparación del operador del derecho, quien califica mal el delito, es decir lo tipifica mal, pretendiendo que en el camino se vaya a corregir.

Un asunto grave es el sistema de nombramientos de jueces y fiscales en donde, con honrosas excepciones, no acceden al sistema de justicia los mejores abogados o los más preparados sino por el contrario aquellos que por el diseño del acceso a la magistratura se le da peso a una entrevista personal, la que en la mayoría de los casos es manipulada, donde a los que se quieren favorecer se les ayuda y se les premia por recomendaciones o intereses de índole social, político y hasta por simpatías económicas.

Ddlc: Otro asunto aparte es el escándalo que se relaciona con miembros de la Corte Suprema.

J.J.B: Efectivamente, donde un magistrado de la Corte Suprema intercede para realizar un nombramiento. Inclusive éste ha sido designado por el mismo Consejo Nacional de la Magistratura.

Asimismo se encuentra implicado el Presidente de la Corte Superior del Callao, según informa la prensa, y las redes sociales donde nos dan cuenta de los audios que complican la situación de jueces y miembros del Consejo de la Magistratura (CNM) difundidos por IDL – Reporteros, que darían cuenta de presuntos favorecimientos entre un Juez Supremo -ascendido precisamente por el CNM,-el Presidente de la Corte Superior del Callao (sucesor del anterior y ahora Vocal Supremo en la jurisdicción del Callao) y miembros de esta institución.

Con este panorama tenemos una parte de la explicación del por qué los jueces en su gran mayoría provisionales, tema que no ha sido abordado por el CNM, resuelve de manera poco técnica - por decir los menos- los casos de feminicidio, el más grave que conmueve a la opinión pública es el caso de Eyvi Agreda, o del horror que vivió Juanita Mendoza o el caso en el que el agresor le parte la nariz de un puñetazo a la víctima y la fiscal ordena la libertad del agresor habiendo sido inclusive filmada la agresión. Tampoco podemos olvidar el caso de la terramoza que fue sedada y violada por el conductor y el ayudante del ómnibus y la fiscal ordenó su libertad, resultando incomprensible que dos fiscales mujeres son las que ordenan su libertad.

Debe resaltarse que se contabilizan 1053 víctimas de feminicidio entre el 2009 y el 2017, siendo un promedio de 10 víctimas de feminicidio por mes, esto en el caso de las mujeres que efectúan la denuncia, y otros en una cifra negra que nunca se llega a registrar.

Otro dato importante es que la mayor cantidad de victimarios entre el 2009 y 2017 tenían entre 25 y 34 años y que son convivientes o esposos de la pareja, o tienen algún grado de parentesco, cuestión curiosa porque también se presenta este rasgo en los casos de violación sexual de mujeres, de manera que realmente se convierte en un problema social con graves y penosas consecuencias, por lo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debería tener mayor protagonismo. Debemos pasar del repudio a la acción.

Ddlc:¿Cuál es el balance que se puede hacer sobre el caso Odebrecht? Se menciona el pobre papel de la Fiscalía y del Poder Judicial, y que además existe un interés por mediatizar todas las investigaciones.

JJB: Evidentemente el papel de la Fiscalía ha sido muy pobre, no tenemos resultados concretos al mayor escándalo que ha sacudido a América Latina. Es el colmo que haya descoordinación entre unos fiscales y otros, que exista dobles esfuerzos, secretismo entre ellos, que en un acto irresponsable a pesar de lo que digan las voces oficiales el caso se encuentra paralizado y en el colmo del cinismo los representantes de Odebrecht no han asistido al proceso de colaboración eficaz y están esperando una segunda citación la cual si no se produce traerá graves consecuencias para las investigaciones en curso.

Si la colaboración eficaz permanece paralizada, el fiscal Hamilton Castro se verá impedido de usar en juicio oral los testimonios y pruebas de los delatores brasileños Jorge Simoes Barata, Ricardo Boleira y Renato Ribeyro, entre muchos más, y ello ¿por qué? Porque esas declaraciones fueron obtenidas a través de un proceso de colaboración eficaz iniciado por el propio Hamilton a finales del 2016, y luego de más de 18 meses después aún no ha sido cerrado.

Para agravar más la situación, en la práctica la fiscalía estaba dividida en tres, dos grupos de fiscales uno dirigido por Hamilton Castro y otro Rafael Vela que investigan el caso Lava Jato con estrategias distintas sin ninguna coordinación ni cooperación entre sí, y compitiendo entre ellos y un tercero en la Oficina de Cooperación Internacional Judicial que no llevaba procesos pero que tramitaba los pedidos a Brasil. La falta de liderazgo y de estrategia ha sido clamorosa.

Ddlc: ¿Qué opina de nuestras leyes penales en materia de lucha contra los delitos informáticos; hay regulación penal sobre los llamados ciberataques y los posibles abusos o estafas por el uso de monedas virtuales como el Bitcoin?

JJB: Se ha regulado con una ley descodificada, es decir ley especial fuera del Código Penal de manera incompleta que no atiende, ni soluciona las nuevas y modernas modalidades de delitos informáticos donde la tecnología siempre está un paso adelante que la ley y el derecho.

El delito informático o ciberdelito es aquel que trata de vulnerar o destruir por medios electrónicos utilizando Internet que tiene varias modalidades abordadas en forma pionera en nuestro libro “Los Delitos Informáticos en la Banca” en coautoría con Sylvia Calderón editado por la Editorial RAO del año 2000. En él dábamos cuenta de las nuevas modalidades no contempladas en la ley peruana. La solución consiste en que el Congreso apruebe el “Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest”, acogiendo delitos y nuevas modalidades de carácter económico patrimonial.

En cuanto al Bitcoin es una criptomoneda que está siendo investigada por el Fiscal General de Nueva York Eric T. Schneiderman sobre su forma y modo de operación, y respecto al Perú se ha elegido Country Manager a Denis Carranza de buda.com intermediario de compra y venta para el impulso de la criptomoneda en nuestro país.

El Bitcoin es u protocolo de pago que utiliza la criptomoneda que sirve para contabilizar y transferir valor por lo que ha sido clasificada como moneda digital, y como se sabe, fue creada en el año 2009. Se sustenta en una tecnología de cadena de bloques difícilmente falsificable y muy semejante a un libro contable público distribuido de manera horizontal de forma que queda evidencias de sus transacciones. Es descentralizada, carece de respaldo de algún banco central y utiliza el sistema de prueba para evitar el doble gasto, es un modo de intercambio y puede ser confiable hasta nuevo aviso en la medida que carece de regulación.

Ddlc: ¿Qué piensa de la cada vez más solicitada implantación de la pena de la muerte? ¿En su opinión, tendría efecto disuasivo? Coméntanos esto porque muchas personas -entre ellos nosotros - anteponen los derechos de los delincuentes antes de las personas de bien.

JJB: No tendría ningún efecto disuasivo, en la parte práctica el Perú tendría que denunciar el Pacto de San José y salirse de la Convención. A veces se utiliza este tema para distraer a la opinión pública por una deficiente política criminal del Estado contra sicarios y violadores de menores de edad, e incluso para cubrir otros problemas o escándalos.

Además, tendría que modificarse la Constitución. En todo caso, el Perú el 28 de Julio de 1978 ratificó el Tratado Internacional que recibe el nombre entre los abogados de Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

El artículo 140° de la Constitución no acogió la tesis de la pena de muerte y solo se aplica por el Delito de Traición a la Patria en caso de guerra y en el de terrorismo conforme a las leyes y tratados.

Sin embargo, tanto el sistema legal como los hombres que aplican las leyes deben realizarlas de una manera adecuada porque sobre todo en este tipo de penas como el error judicial no puede ser reparada. La pena de muerte en el Perú fue utilizada hasta 1979, recordemos por ejemplo la ejecución de un célebre delincuente “Patita de cuy” fusilado por la dictadura militar de Morales-Bermúdez.

El estado democrático debe defenderse con penas severísimas. Las leyes están. Solo falta que alguien las aplique adecuadamente.