Cuando pensábamos que íbamos a tener un diciembre más sosegado, una guerra se desató en la Fiscalía. Todo empezó por la denuncia contra el exasesor de la Fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, a quien se le sindica de encabezar una “organización criminal”.

Las "pruebas" hiperventiladas, por un sector contrario a quien encabeza el Ministerio Público, son una serie de conversaciones sobre cabildeos con congresistas, hechos que en principio no constituyen delito alguno, desde que Villanueva era asesor de la hoy suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El otro indicio es el archivamiento de las denuncias contra un grupo de legisladores, hecho motivado por denuncias sobre negociados con el gobierno de Castillo, pero aquí habría que mencionar que éstas fueron desestimadas por sugerencia de la hoy restituida fiscal Marita Barreto, para quien la acusación carecía de suficientes elementos de convicción. 

En realidad, todo indica que el conflicto responde a una lucha interna en el Ministerio Público, y que la denuncia proviene de una acción de la progresía que ha perdido su poder desde la caída del hoy encarcelado, preventivamente, presidente Pedro Castillo. Y es que, en nuestro país, la lucha política no solo ocurre durante las elecciones, sino en la presencia y con la influencia de estos organismos.

Dicha progresía que se queja de “procedimientos sumarios”. Al ser cuestionada, no se cansa de mencionarlos, pero cuando se trata de sus adversarios, los aplica sin escrúpulos, como se ha visto ahora y en otras ocasiones. Cuando se trata de ellos, “hay que respetar la institucionalidad y los procesos”, pero cuando son sus adversarios o enemigos, es necesario “dar un paso al costado”, y “que se vayan todos”. En resumidas cuentas, un deplorable cinismo y un doble estándar. 

Desde este “Cortina” - por más que suene a cliché - estamos de acuerdo con realizar todas las investigaciones necesarias con un debido proceso, pero no que grupos interesados y sesgados se alternen la dirección de tan importante entidad. La hora de los Sánchez Velarde, Vela y Pérez ya pasó, y es momento de cambiar para que los peruanos podamos por fin, tener avances concretos en la lucha anticorrupción, lucha que, más allá de algunos casos específicos, pareciera que estamos perdiendo. Al igual que la lucha contra la recesión e inseguridad ciudadana, problemas en los cuales no hay mayores avances.

Por el bien del Ministerio Público y de los ciudadanos, esperamos que esta guerra fiscal concluya, con lo cual la justicia, la democracia y nuestro propio Estado se vería fortalecido.