Desestimada la “moción” de confianza del gobierno contra la ley que modifica el uso de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo, y considerando la claridad de la norma Rectificatoria, aprobada por el Congreso y ratificada por el Tribunal Constitucional, la interrogante obvia es por qué el gobierno se decidió a plantear una iniciativa “inconducente” como dicen los abogados, y a sabiendas que ni siquiera iba a ponerse en agenda.

La respuesta en esta ocasión puede conformarse por tres razones: primero, para victimizarse y realizar una puesta en escena ante la OEA de la “dictadura congresal”, y otras frases disparatadas que nos han hecho recordar a algunos de los voceros del hoy procesado (¿?) expresidente Pedro Kuczynski.

La segunda, obviamente, tendría que ver con la intención de distraer a la opinión pública, frente a las cada vez más numerosas denuncias de corrupción contra el gobierno, y que salpican a Castillo, y la tercera como una medida de presión que tendría que ir acompañada de operadores que hagan sentir esa presión - y es que más allá de los exabruptos del PCM Torres, a quien la presidencia de la PCM le ha pasado factura, y otros patéticos ministros como Chávez o Serna - el régimen no tiene, ni siquiera, un vocero que explique sus planteamientos, equivocados o no, con claridad y con respeto.

Frente a esto, el Congreso se muestra muy tranquilo, sobreprotegido, reforzado por el Tribunal Constitucional, buena parte de la prensa (mucha de ella critica a Castillo cuando en campaña lo apoyó y cree que lo va a destituir con portadas e informes “espectaculares”) y diversos sectores, pero eso no es suficiente. Es necesario - aparte de estar un paso adelante del régimen ante cualquier medida abusiva, si realmente le interesa el país - poner en discusión las leyes electorales y empezar, de una vez, a reformar el sistema político, el padre de nuestros problemas. Aunque claro, por ahora, afortunadamente, ha demostrado mala intención, pero no imaginación.

Está claro que a Castillo no le interesa en absoluto la inestabilidad que causa su gobierno caótico; lo único que quiere es conservar su empleo. El Congreso, poniendo en agenda estos temas, debería demostrar que sus intereses sólo obedecen al país y al Estado de derecho. Pero no hay que hacerse ilusiones.

Los ciudadanos, estudiantes, empresarios honestos, empleados y trabajadores públicos y privados correctos que, sufrimos los embates de esta prolongada crisis, con el consecuente impacto en nuestros bolsillos, salud y estado de ánimo, deseamos que se zanje de una vez el asunto, y empezar a preocuparnos por reformar el sistema político. El padre de nuestros problemas.