Durante la última campaña electoral, una de las propuestas electorales que despertó más polémica y temor-no solo en círculos empresariales, sino académicos, profesionales y sociales- fue la referida a la elección de una Asamblea Constituyente, y la elaboración de una nueva constitución. Para el constitucionalista Domingo García Belaúnde, esta posibilidad se hace cada vez más lejana.

García Belaúnde, Doctor en Derecho, docente, investigador y autor de varias publicaciones, miembro fundador y presidente Honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, explica el contexto que impediría que el país tenga su “momento constituyente”, además de dar muchas luces jurídicas a temas de clara implicancia política.

Ddlc: ¿Qué opinión tiene sobre la última moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo? ¿Le parece que estuvo correctamente planteada?

D.G.B. La moción estuvo bien pensada, pero se presentó en forma inoportuna, pues se hizo en forma aislada y sin consultar a las demás bancadas. Solo se consiguió la admisión de la moción, pero no se fue más allá. Se olvidaron que en la vacancia es fundamental contar con los votos y eso se descuidó.

Ni siquiera se consiguieron votos para que el presidente fuese al hemiciclo. La forma improvisada como se hizo, lo único que ha hecho es debilitar la vacancia como institución.

Ddlc: ¿Cuál es su posición sobre la cuestión de confianza? ¿Qué debería aclararse en el texto constitucional?

D.G.B: La cuestión de confianza ha sido incorporada en la actual Constitución dentro de un esquema determinado y tomada de la experiencia europea. Ella está referida a un pedido que hace el Ejecutivo en temas de lo que es su competencia.

Lamentablemente esto fue deformado por Vizcarra como tantas otras cosas y eso ha hecho necesaria esta precisión que no es otra cosa que una ley de desarrollo constitucional.

Ddlc: Recientemente, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, señaló que no se pronunciará sobre el pedido del gobierno de revisar los temas antes mencionados, pues no se alcanzó la votación mínima. ¿Significa esto que la legislación queda como está, y que el Poder Ejecutivo perdió? ¿Qué interpretación le puede dar?

D.G.B: Lo resuelto por el Tribunal Constitucional fue lo correcto, según yo entiendo. Pero las sentencias constitucionales no están escritas en piedra y dentro de otro contexto la situación podría repetirse. Por cierto, con otra composición del colegiado, pues actualmente está muy dividido y con un sesgo ideológico lamentable.

El fallecimiento del magistrado Carlos Ramos Núñez ha complicado las cosas, pues era un elemento de equilibrio. Espero que con la actual presidencia de Augusto Ferrero- Costa se presente un mejor escenario.

Ddlc: ¿Esta negativa significaría el término de la posibilidad que formulaba un sector del gobierno de promover una Asamblea Constituyente? Recordemos, al respecto, que personajes como el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha afirmado que no es prioridad y que se propondrán, más bien, leyes anti oligopolios, antimonopolios, y una que declare la educación como un derecho.

D.G.B: En las actuales circunstancias, no creo que se vaya hacia una Asamblea Constituyente. Por un lado, jurídicamente es imposible llevarla a cabo sin antes pasar por el Congreso y políticamente ha dejado de tener importancia, pues salvo voces destempladas, no hay nada concreto. Todo ha sido un juego de artificio. Lo demás, o sea lo concerniente a monopolios es materia que perfectamente puede desarrollarse mediante leyes.

Además, hay que tener presente que la constitución no cambia nada, pues solo contiene reglas que hacen posibles los cambios que hacen los políticos. Y, por otro lado, nada impide que se estudien reformas al actual texto, pero con la calma debida.

Ddlc: Una gran mayoría está de acuerdo con los cambios constitucionales. Unos quieren reformas parciales (cómo garantizarlas), y otras una reforma total. ¿Por cuál se inclina Ud., y en qué aspectos?

D.G.B: El único partido político que propuso una reforma constitucional total fue Perú Libre, que solo obtuvo el 19% en la primera vuelta, que es la que muestra el voto consciente. Pero, por otro lado, nunca hay que descartar los cambios constitucionales. El problema es cuándo y cómo hacerlo.

Al parecer solo hay dos puntos que tienen cierta aceptación: replantear el descentralismo y el retorno a la bicameralidad. Esto último es relativamente fácil pues hay muchos estudios sobre esto. Lo otro es más complicado y merece un mayor estudio.

Si hay algo más, esto se verá en el camino.

Ddlc: ¿No le resulta paradójico que aquellos que denostaban de la Constitución del 93 ahora la defiendan con tanto fervor? ¿Qué comentario puede hacer al respecto?

D.G.B: Es una actitud pragmática, como es el caso que vemos en Vargas Llosa. Cuando recomendó votar por Fuerza Popular no es porque se haya convertido en fujimorista, sino que le pareció el mal menor. Y así pensaron muchos. Castillo representó una amenaza al régimen democrático y eso explica que se haya enarbolado la constitución de 1993, no porque sea ideal, sino porque es lo que tenemos.

Es decir, se defiende el régimen democrático-constitucional, frente a fuerzas antidemocráticas. Eso no significa que el día de mañana, en otro ambiente, no se hagan otros planteamientos.

Ddlc: Si se suprimiera la vacancia, y se regulara la cuestión de confianza, ¿qué mecanismos de sanción política se deberían diseñar y aplicar o mantener en la Constitución vigente?

D.G.B: Me parece que ambos son correctos, llevan muchos años vigentes y no veo porque se vaya a eliminarlo. En el caso de la vacancia solo se ha aplicado dos veces. Una contra Fujimori, y otra contra Vizcarra.

La vacancia hace mención a la incapacidad moral permanente. Moral viene del latín mores, que significa usos y costumbres. En consecuencia, la vacancia apunta a eso. Si además hay delitos de por medio, se inicia una investigación penal y se guarda la carpeta para cuando el presidente ha dejado el cargo. Todo este esquema tiene sus años y no lo veo mal. Podemos por cierto repensarlo, pero eso significaría modificar el esquema constitucional, y esto hay que estudiarlo y hacerlo con calma.

En el caso de la cuestión de confianza, lo que ocurre es que Vizcarra la desnaturalizó. Pero con la ley de desarrollo aprobada recientemente, eso es difícil que se repita.

Ddlc: ¿A qué atribuye Ud. la demora en designar a los nuevos miembros del TC por parte del Congreso, más allá de la casi utópica búsqueda de consensos? ¿Es (o se ha convertido) el TC en un mini parlamento político que ve temas jurídicos?

D.G.B: Existe todo un debate sobre el Tribunal Constitucional y pienso que quizá haya que diseñar otra formar de seleccionarlo, eliminando el concurso. Hoy por hoy todo está muy politizado y los frutos los tenemos con el actual Tribunal. Hay un grupo de magistrados politizado, pro-Estado y anti-sector privado que ha cometido excesos. Y por eso precisamente no se le quiere cambiar, porque es consecuente con el poder, como fue en el caso de Vizcarra.

Otro problema, como es sabido, es que esta elección siempre se presta al manoseo de los candidatos, con lo cual personas acreditadas e importantes no se presentan.

Ddlc: Si la Mesa Directiva del Congreso o la Comisión de Constitución y Reglamento le pidieran resumir la importancia del ‘Estado Constitucional de Derecho’ ¿Qué aspectos resaltaría de este concepto y hasta qué punto está reflejado en nuestra Constitución vigente?

D.G.B: Está reflejado en la parte referente a la separación de poderes, a los derechos fundamentales y a los medios para hacerlos efectivos. No es problema de la Constitución, sino de la clase política, que es distinto.

La Constitución del 79 fue modélica en ese sentido, pues fue elaborada por consenso y con ideas claras. La carta de 1993 continúa algunos de sus asertos, pero hace una modificación en lo referente al modelo económico, que no ha fracasado como dicen algunos, sino que simplemente no ha sido bien desarrollada, lo cual es distinto.

Ddlc: Bueno, claro eran otros tiempos.

D.G.B: Efectivamente.

Ddlc: ¿En su opinión, el llamado “Contrato ley” sigue siendo beneficioso para nuestra economía? ¿Qué otras Constituciones en América Latina lo recogen?

D.G.B. El contrato ley fue la respuesta a los problemas que hubo en el primer gobierno de García, y como se sabe, buscaba dar estabilidad en las reglas de juego a los inversionistas, especialmente en el aspecto tributario. Tengo entendido que pocas empresas lo usan. Es un elemento que está ahí, no es dañino, pero se emplea poco y no es sustancial si el gobierno es respetuoso de la legalidad.

Que sepa, no existe otro caso igual al del Perú, por lo menos en América Latina.

Ddlc: ¿Cree Ud. que debería revisarse en el proceso de descentralización, teniendo en cuenta los serios déficits de gestión pública y la extendida corrupción en la gran mayoría de sus gobernaturas? ¿Las modificaciones propuestas implicarían alguna reforma constitucional?

D.G. B: No soy un experto en el tema, pero es evidente que hay incapacidad de gasto y mucha corrupción, tanto a nivel local como regional. Eso es lo que se ha visto en los últimos años. Y pienso que todo debe partir de una reforma constitucional, pensada con calma y sin precipitaciones.