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Lima, Sábado 16 de Deciembre del 2017  
COLUMNA DEL MES
Gestión del Cambio en la Administración Pública peruana
* Gino Roggero
(Publicado el 04/02/2010)

El propósito de este artículo es compartir una preocupación por la forma como continúa operando la Administración Pública peruana, tanto en el nivel nacional, como en el nivel regional y local. Y lo hacemos con un estilo periodístico, más que académico. De modo que no se trata de un ensayo ni menos de un estudio preliminar sobre gestión del cambio en la Administración Pública.

Las consecuencias de este comportamiento administrativo son graves, pues afectan la eficiencia, eficacia y elevan los costos en la ejecución de las políticas públicas.

El impacto de estas consecuencias negativas alcanza a los administrados, sean como usuarios de la administración pública, como servidores de la propia administración pública o como ciudadanos.

Hemos seleccionado algunas áreas críticas que muestran ese comportamiento de la administración pública que nos preocupa, en este caso, destacando más la perspectiva del usuario o ciudadano.

Cuando se estudia el llamado “Ciclo de la política pública” (es decir, cómo se plantea, elabora, aprueba, ejecuta, supervisa y evalúa una decisión estratégica de la Administración Pública (o política pública), siempre se nos advierte que identificar el problema por solucionar es el paso fundamental.

Sin embargo, en nuestra administración pública es común encontrar políticas de gobierno que anteponen una solución, antes que identificar el problema en toda su complejidad.

Consideramos que ése ha sido el caso de la Ley 29482, llamada de Promoción para el Desarrollo de Actividades Productivas en zonas altoandinas. No se conoce cuál es el problema que pretende solucionar, tan solo se alienta (como solución) la actividad productiva en una zona geográfica determinada y se otorgan exoneraciones. Las críticas, observaciones y sugerencias para mejorar esta ley han sido tan extensas que el reglamento de la Ley (publicado el 31/01/2010) se convierte, en la práctica, en una nueva ley, debido a las precisiones abundantes que ha incorporado. Pero no resuelve la falla de origen: no se ha precisado cuál es el problema: ¿aliviar la pobreza? Pero, ¿no es el mismo objetivo que tienen programas vigentes como Sierra Exportadora o Agro Rural, así como el Programa Juntos? ¿Cuál fue el espacio de discusión y quiénes participaron en la elaboración de la propuesta? ¿Por qué se prefirió esta solución y no otras, como la expansión del programa Sierra Exportadora?

Se tratan de algunas preguntas que son siempre parte de todo ciclo de la política pública. Conocer el origen de la propuesta (el grupo o grupos de interés que inicialmente la proponen) – que debería estar en la “Parte Considerativa” de la Ley – pues es la manera de cumplir con la Ley de Transparencia e Información Pública.

Por otro lado, es preocupante encontrar regularmente, convocatorias para la prestación de servicios de consultoría (mayormente en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios), para áreas o especialidades que ya son desarrolladas por organismos públicos descentralizados, direcciones de ministerios y otras entidades públicas. Es el caso de consultorías para diagnósticos sobre corrupción, con vigencias de hasta dos meses, con fondos de organismos internacionales como el BID. ¿No hay personal ya contratado en la PCM que desarrolle estos estudios o en el Poder Judicial? ¿No estamos ya sobre diagnosticados en esta materia, como en muchas otras? ¿Verificó el o los funcionarios del BID, responsables del fondo, que era razonable esta contratación? Situaciones parecidas se producen en el nivel regional. Sólo hay que revisar las convocatorias que aparecen en los diarios locales y en las propias páginas Web de sus instituciones.

En el ámbito local, donde los ciudadanos y usuarios tienen una relación cercana con el Estado, sigue extendiéndose la incapacidad para ejercer la autoridad estatal mínima: cuando no deben otorgarse licencias de construcción en zonas de riesgo o por razones de planificación urbana. Ha sido el caso, en la primera situación, del Alcalde de la Municipalidad de Machu Picchu Pueblo (Cuzco), quien justificó la presencia de construcciones en las riberas peligrosas de los ríos porque sus propietarios se resistían a desocupar dichas zonas. Mientras que en el segundo caso, ante la construcción avasallante de edificios de departamentos, el Alcalde del Distrito de Santiago de Surco decía literalmente que no podía hacer nada, pues las leyes vigentes no le permitían impedir esta vorágine de construcciones.

Este comportamiento generalizado de la administración pública puede cambiar. Se requieren no solo programas piloto como SERVIR (de limitado alcance) o concursos nacionales que desafortunadamente sólo nos muestran enclaves de eficiencia. Pensamos que se requiere una escuela de formación pública y un compromiso mayor de los partidos políticos para seleccionar con mayor celo a quienes postularán como candidatos en las elecciones locales y regionales.

Esta selección reducida de casos sobre el tema de la Cultura Administrativa en la Administración Pública peruana y sobre la gestión del Cambio, sólo pretenden estimular un debate impostergable, considerando que este año tendremos elecciones regionales y locales.

 

* Co – fundador de Detrás de la Cortina.

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