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Lima, Viernes 15 de Deciembre del 2017  
RINCÓN DEL EDITOR
Justicia pendiente
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(Publicado el 30/01/2011)

Cualquier ciudadano que haya tenido que ir al Poder Judicial ha vivido una vía crucis. Sea por su falta de predictibilidad, sus plazos interminables, o su indolencia.

Desde siempre, la justicia peruana ha tenido estos problemas, pero quizás el más grave sea el de su independencia. A través de su historia, el Poder Judicial siempre ha sido presionado o influido por el poder económico y político de turno. En los últimos cuarenta años hemos visto generales, asesores, políticos e incluso presidentes que lo han buscado o usado como un brazo de extensión.
Además de esta situación, de por sí grave, la administración de justicia exhibe otras carencias: falta de personal calificado, órganos de control ineficientes, pobre infraestructura e incluso espacios reducidos donde se almacenan legajos o de expedientes de 100, 200 o 300 páginas, cuales mamotretos, procesos interminables y burocratización. Esto para no hablar, por ejemplo, de la corrupción, la duración de las audiencias y la lectura de fallos.
La justicia es pues para el común de los ciudadanos, con pocas excepciones, un mal producto, un mal servicio, que no solamente no soluciona los conflictos entre las partes sino los agrava, o a veces, increíblemente los crea, como cuando ordena medidas sin evaluar su impacto económico, habeas corpus o medidas cautelares sin unidad de criterio, o sin criterio, o falla de manera distinta en casos similares.
Ante esta situación, desde el ejecutivo se proponen medidas “parche” como la aplicación de un nuevo código procesal penal, la creación de nuevas salas, (aún con los incrementos que han recibido los magistrados), con lo cual simplemente se agrava, o desde la propia judicatura se lanzan iniciativas aisladas, pero que no apuntan a los cambios de fondo.
A esto se suma la deficiente organización de la fiscalía, los eternos problemas de la policía y del ministerio del Interior, la grave situación de nuestras cárceles y la deficiente preparación de muchos abogados y empleados administrativos, pese a los incrementos que han recibido los magistrados.
Para comenzar a corregir este estado de cosas, según el doctor Marcos Ibazeta, ex presidente de la Corte Superior de Lima, es imprescindible que el Poder Judicial haga los cambios que crea convenientes en la organización y administración y desempeño de su servicio, y de cuenta al estado y a la población de los mismos y sus resultados.

Esperemos que el Poder Judicial apure las reformas si es que no quiere seguir en el sótano de las preferencias, y se constituya en un poder vital, probo y eficaz de solución de conflictos, para lograr el desarrollo económico político-social del país. Si no es mucho pedir.

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